Salvador Dalí, metamorfosis de Don Qujiote
El coche que figura a nombre de la sociedad o de la actividad a cuyo nombre cargan también la gasolina, las reparaciones, el móvil, los viajes, y, como reconocen asesores e inspectores de Hacienda, hasta el servicio doméstico y el colegio privado de los niños. Es una parte de lo que muchos profesionales y empresarios que viven de la empresa o de la actividad y que a la hora de declarar sus ingresos reales se sienten pobres aunque su ritmo de vida sea muy distinto.
Son los que pueden declarar lo que quieren con unas normas tributarias y actuaciones administrativas bastante laxas y que sólo intentan controlar a las únicas rentas que sostienen al Estado: las rentas de trabajo.
De cada 100 euros que se declaran, 83 corresponden a las nóminas, mientras que sólo 9 euros corresponden a las rentas que declaran por actividad económica los profesionales, empresarios y autónomos. El resto, se lo reparten los rendimientos declarados por todos del capital mobiliario e inmobiliario y por otras rentas imputadas, como las de segundas viviendas.
Los de la nómina son los únicos declarantes que pagan por sus ingresos reales. Declaran de media un 125% más que los empresarios y profesionales. Algo increíble.
Todo esto produce un efecto muy dañino desde el punto de vista social, porque hay muchas personas que pueden presentar una declaración de la renta con menos ingresos de los que realmente obtienen y así pueden optar preferentemente a becas para sus hijos, a plazas escolares y a guarderías, o tener más fácil acceso a una vivienda oficial.
Según un estudio reciente del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que más de 240.000 millones de euros escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones por año. Distintos estudios de organismos como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a una media en los países europeos diez puntos por debajo, en los más desarrollados, 15 puntos por debajo. Con la crisis, las cifras se incrementan.
Uno de cada cuatro euros es negro. Así de claro.
El coche que figura a nombre de la sociedad o de la actividad a cuyo nombre cargan también la gasolina, las reparaciones, el móvil, los viajes, y, como reconocen asesores e inspectores de Hacienda, hasta el servicio doméstico y el colegio privado de los niños. Es una parte de lo que muchos profesionales y empresarios que viven de la empresa o de la actividad y que a la hora de declarar sus ingresos reales se sienten pobres aunque su ritmo de vida sea muy distinto.
Son los que pueden declarar lo que quieren con unas normas tributarias y actuaciones administrativas bastante laxas y que sólo intentan controlar a las únicas rentas que sostienen al Estado: las rentas de trabajo.
De cada 100 euros que se declaran, 83 corresponden a las nóminas, mientras que sólo 9 euros corresponden a las rentas que declaran por actividad económica los profesionales, empresarios y autónomos. El resto, se lo reparten los rendimientos declarados por todos del capital mobiliario e inmobiliario y por otras rentas imputadas, como las de segundas viviendas.
Los de la nómina son los únicos declarantes que pagan por sus ingresos reales. Declaran de media un 125% más que los empresarios y profesionales. Algo increíble.
Todo esto produce un efecto muy dañino desde el punto de vista social, porque hay muchas personas que pueden presentar una declaración de la renta con menos ingresos de los que realmente obtienen y así pueden optar preferentemente a becas para sus hijos, a plazas escolares y a guarderías, o tener más fácil acceso a una vivienda oficial.
Según un estudio reciente del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que más de 240.000 millones de euros escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones por año. Distintos estudios de organismos como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a una media en los países europeos diez puntos por debajo, en los más desarrollados, 15 puntos por debajo. Con la crisis, las cifras se incrementan.
Uno de cada cuatro euros es negro. Así de claro.
